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Imatge LC

 

CONSECUENCIAS PRESUNTAS

La tolerancia administrativa

Este comportamiento delictivo es nuevo, introducido con la reforma del Código Penal del año 2010, y aparece a continuación del de emitir informe favorable en el artículo 320.1, con la siguiente redacción, que prácticamente coincide con la prevista para la tolerancia administrativa en materia medioambiental del artículo 329 del Código Penal:

“La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, […] con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio […]”.

Lo que pretenden los legisladores con este nuevo delito es evitar por la vía penal la tan comprobada pasividad de las Administraciones, especialmente de la local, a la hora de promover la restauración de la legalidad urbanística o de incoar los expedientes destinados a sancionar las infracciones urbanísticas cometidas.

El propio Tribunal Supremo ya hizo referencia a esta situación en la STS 1127/06, de 27 de noviembre, donde argumenta que la justificación de la razón de ser de los delitos sobre la ordenación del territorio se encuentra en la desastrosa situación a que se ha llegado en el territorio español respecto de esta materia a pesar de la normativa administrativa existente, donde se incluirá la destrucción paisajística.

En este precepto, por una parte se hace referencia a que la autoridad o funcionario competente para perseguir las infracciones urbanísticas debe actuar de manera intencionada, sabiendo que con la omisión o la no persecución del hecho delictivo en que consistirá el silencio de la infracción no está respetando la normativa sobre protección de la legalidad urbanística.

Ahora bien, aparte de este aspecto sobre la intencionalidad o el conocimiento por parte de la autoridad o funcionario de que la omisión es injusta, resulta que se describen dos comportamientos de pasividad administrativa posibles:

  • El consistente en silenciar la infracción urbanística a pesar de haber inspeccionado los actos infractores
  • Y el consistente en decidir no hacer las inspecciones para constatar dichas infracciones urbanísticas, lo que también es silenciar, término que el diccionario define como el acto de callar, omitir o pasar en silencio.

En todo caso, si se tiene en cuenta que se requiere la intencionalidad de no hacer nada ante la infracción, dada la referencia a la expresión “a sabiendas de su injusticia”, es evidente que quien no actúa teniendo la obligación de hacerlo para cometer este delito deberá saber que tiene ante sí una infracción urbanística y, a pesar de poder hacerlo, no hace nada, que sería el caso de no hacer las inspecciones para determinar el alcance concreto de la infracción y que es el paso a través del cual la Administración constata la realidad de la infracción, o también cuando ha hecho las inspecciones y no se adopta ninguno de los actos destinados a proteger la legalidad urbanística.

El comportamiento consistente en no hacer las inspecciones obligatorias no plantea tantos problemas como el consistente en haber silenciado, término que no parece demasiado adecuado para describir un delito, ya que puede plantear serias dudas sobre cuándo existe realmente dicho silencio a efectos penales.

Si silenciar es callar o no hacer nada, entonces se podría entender que no existe delito alguno si simplemente se incoa formalmente un procedimiento sancionador o de restauración de la legalidad urbanística, y no se adopta después decisión alguna seria y eficaz frente a la infracción.

Sin embargo, si en el expediente se ha manifestado la infracción y por lo tanto no se ha ocultado formalmente, de hecho ha existido silencio porque no se ha hecho nada, y por lo tanto estaríamos ante el delito si es que no se ha adoptado ninguna resolución eficaz y esto ha sido una decisión intencionada y consciente contraria a derecho, elemento subjetivo que también exige este tipo penal.

El mismo problema se plantea si se ha abierto un procedimiento de restauración de la legalidad y no se ha abierto el sancionador ante la manifiesta infracción urbanística o al revés, y, como a menudo suele ocurrir también en la práctica, se puede llegar al punto de dictarse resoluciones de imposición de la sanción o de declaración de la ilegalidad de los actos urbanísticos contrarios a la normativa, pero que ni la multa ni la efectiva restitución al estado original se ejecuten por la Administración.

No habría silencio formal, pero sí silencio a efectos penales, si la falta de actuación final ha sido por una voluntad decidida de no cumplir con las normas de protección de la legalidad urbanística que expresamente establecen qué hacer ante la infracción.

El texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña de 2010, en el Título VII, “De la protección de la legalidad urbanística”, regula los medios de que dispone la Administración para cumplir con esa obligación. Como expresa el artículo 199, todas las acciones u omisiones que presuntamente conlleven vulneración de las determinaciones contenidas en el texto refundido, en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas urbanísticas municipales, sujetas a sanción de conformidad con aquella Ley y su Reglamento, deben dar lugar a las actuaciones administrativas necesarias para aclarar los hechos, y subsiguientemente a la incoación de un expediente de protección de la legalidad urbanística.

Además, de conformidad con aquel precepto se deja claro que la potestad de protección de la legalidad urbanística es de ejercicio preceptivo, y debe dar lugar a la incoación y tramitación de los procedimientos que tendrán por objeto, conjunta o separadamente, la restauración de la legalidad física alterada y del orden jurídico vulnerado, la imposición de sanciones y la determinación de los daños y perjuicios. La obligación establecida legalmente para la Administración es indiscutible, y no existe margen alguno para la discrecionalidad.

 

 

 

ANTECEDENTS:

a) Prevalencia de la planificación ambiental sobre la urbanística. Sentencia de 19 noviembre 2010. (Recurso de Casación 5535/2006) “(…)En primer lugar, la limitación de la potestad de planeamiento por la legislación medioambiental, que se traduce en la prevalencia de la planificación de espacios naturales sobre la planificación territorial y urbanística, es una constante en nuestro ordenamiento jurídico desde la Ley 4/1989, de 27 de marzo , de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (artículo 5.2 ); y esa misma prevalencia es mantenida en el articulo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que deroga la anterior ley 4/1989 . En fin, las últimas reformas de la legislación básica estatal sobre el régimen del suelo, que han desembocado en el Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio , establecen como principio rector de la actuación administrativa en la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo “la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje” (Artículo 2.2 .a); enfatizando el artículo 13.4 la prevalencia de la planificación medio ambiental. Por tanto, esa prevalencia de la planificación ambiental sobre la urbanística está sólidamente asentada en nuestro ordenamiento jurídico, habiendo sido además resaltada por la jurisprudencia, siendo muestra de ello las sentencias de 27 de noviembre de 2003, (casación 8459/1999 ) y 13 de noviembre de 2009 (casación 3511/2005 ); no habiendo razones para dudar de la plena constitucionalidad de esta prevalencia” (FJ 3) 337

 

b) Sentencia 27 de marzo de 1999 (Recurso de casación 1371/1993) al indicar: “Efectivamente, el artículo 62 del mismo Reglamento, en concordancia con el artículo 228.7 del T.R.L.S., afirma: “En ningún caso la infracción urbanística puede suponer un beneficio económico para el infractor”, y por eso el mismo precepto prevé dos hipótesis, según que la restauración urbanística requiera o no actuaciones materiales, para la fijación de la multa. De este modo, el criterio básico, fundamental y cardinal que se establece en el texto de 1976, a efectos de determinar la cuantía de la multa, es el de que no se puede obtener beneficio de la ilegalidad urbanística. A dicho principio han de subordinarse las especificaciones que en los diversos tipos sancionadores se regulan. Todos los tipos y sanciones previstos persiguen un fin principal y esencial, impedir que el infractor obtenga beneficio de su actividad urbanística ilegal. Por eso, y en primer término, procede la aplicación del mencionado artículo 62 del Reglamento de Disciplina Urbanística, y sólo cuando el propósito de dicho precepto haya sido cumplido, entran en juego las previsiones sancionadoras previstas en los restantes preceptos”. (FJ 7)

 

c) Procede el ejercicio de la acción pública en relación con la solicitud de nulidad de un plan especial. Sentencia de 23 diciembre 2011. (Recurso de Casación 3381/2008)

“(…)Concretamente, resulta ahora de aplicación, ” ratione temporis “, el artículo 304.1 del TR de la Ley del Suelo de 1992, que se libró de la derogación general prevista en la disposición derogatoria única.1 de la Ley 6/98, de 13 de Abril , al incluirse en la relación de preceptos no derogados.

Pues bien, el citado artículo 304.1 reconoce la acción pública ” para exigir ante los Órganos administrativos y los Tribunales Contencioso Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, Programas, Proyectos, Normas y Ordenanzas “. Esta observancia de la legalidad urbanística no precisa de otra motivación ni finalidad que la mera defensa del orden urbanístico, mediante el ejercicio de una acción procesal tendente a depurar las vulneraciones normativas en que pueda haber incurrido la actuación administrativa en ese ámbito.

De manera que cuando se pretende la nulidad de las disposiciones generales que contradicen el ordenamiento urbanístico, como es el caso, por la impugnación de un plan especial, no se excedan de los límites de esa sujeción a la legalidad urbanística

 

d) DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD

¿Cuáles son las sanciones que se pueden imponer?

Las infracciones se sancionan con multas de hasta 3.000 euros para las infracciones leves, de hasta 150.000 euros en las graves y de hasta 1.500.000 euros para las muy graves.

Estas multas se incrementarán hasta la cuantía del beneficio obtenido por los infractores, si éste es superior a la multa impuesta

Se pueden reducir los importes de las sanciones?

Existen tres supuestos en los que se puede reducir el importe de la sanción:

a) Si el infractor reconoce su responsabilidad, una vez iniciado el procedimiento, el procedimiento sancionador se acaba y la sanción a imponer se reduce en un 20%

b) Si la persona presuntamente responsable procede al pago voluntario de la sanción en cualquier momento anterior a la resolución, este hecho conlleva la finalización del procedimiento sancionador y la consiguiente reducción automática del importe en un 20%

c) Si las personas responsables de la comisión de una infracción urbanística restauran voluntariamente la realidad física o jurídica al estado anterior a la alteración:

– antes de que la finalización del procedimiento de protección de la legalidad urbanística sea firme en vía administrativa, se les aplica una reducción del 80% de la cuantía de la sanción.

– tras la firmeza administrativa del procedimiento, y antes de que el órgano competente ordene el cobro forzoso de la sanción, se les aplica una reducción del 60% de la cuantía de la sanción.

Estas multas se incrementarán hasta la cuantía del beneficio obtenido por los infractores, si éste es superior a la multa impuesta

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1 Response

  1. Rosa ha dit:

    Entonces nuestro querido ayuntamiento tiene muchos deberes por hacer, no solo en urbanismo, sino en actividades y muchas cosas mas… como permitir que hayan locales deocio sin licencia o ejerciendo activdades par las que no estan autorizados o que no paguen los impuestos correspondientes o monton de faltas mas… y todo por llamarse tal… o por ser amigo de cual….

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