From a Network of Public Silos to International Food Speculation

In the last months we have spent many hours traveling across fields and towns throughout the grain production areas of Catalonia and Aragón in Spain. During this fieldwork we have come across many empty and abandoned silos and granaries, which got us wondering about the changes in agri/culture that have lead to their fall into disuse. These silos are typically huge concrete constructions (frequently being the highest buildings in the area) and are located in producer cooperatives or in villages. They are also now often adorned with magnificent stork nests.

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In the Spanish State, there is the Grupo de Investigación Silos y Graneros (a research group on silos and granaries) devoted to studying these constructions as rural historical heritage. This group promotes the restoration of these buildings as both an opportunity for creating new uses for them (e.g. as storage spaces for different products or as public equipment, business incubators or museums) and thus revitalising the local economy of rural areas.

The Spanish network of silos and granaries was created during the Franco dictatorship, with the aim of storing the grain harvest and thus, assuring its supply for the population and alleviating market irregularities by guaranteeing prices for farmers. A total of 663 silos and 275 granaries were built between 1945 and 1986. They were built to shorten the distances between farmers and storage facilities and between storage facilities and flour mills. At the beginning of their existence, these Spanish silos were only storing wheat, but later were also used to store other grains and legumes. During those initial years, a monopoly of silos and granaries was established with the idea that the Franco regime could control both grain production and consumption. Several years later, this collection of storage infrastructures was renamed to the National Network of Silos and Granaries and was reformed to manage the national stocks. The inclusion of Spain into the European Union in 1986 marked the beginning of the decline of these public silos and the transfer of their management responsibilities to regional governments.

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The current situation shows an almost complete abandonment of the public silos and granaries (with only 142 of them still active). The old network of public silos has now been replaced by the construction of new private silos and granaries owned by multinational companies operating within the international commodities market. As one of our interviewees explained, not only has the cereal been privatised, but also now the control of the information regarding grain stock levels. This has catalysed certain speculation processes dominated by an oligopoly of companies connected to investment and pension funds. According to Olivier de Schutter, the special rapporteur of the United Nations for the Right to Food, these companies are behind the speculative bubble that resulted in the devastating food crises of 2007/2008 and 2010/2011. In fact, international agricultural prices doubled during the period between 2002 and 2013.

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Price volatility relates to multiple complex factors, such as the rise in demand for resources from the so-called emerging economies and from changing political situations (both in the short term but also linked to long term factors such as climate change). Factors such as the interdependence of energy and agricultural prices, and the expansion of agrofuels, have made speculation by investment funds possible, which have increasingly started to shift their investments into the agricultural sector after the crisis in the real estate market.

As a response to this situation, the European Parliament agreed to reform the Markets in Financial Instruments Directive (Directive 2004/39/EC) (MiFID) that regulates the financial services in the markets of the European Union. The new agreement aims, among other goals, to limit speculation on raw materials by investors and to impose sanctions for breaches. These aspects were positively viewed by a number of civil society organisations seeking to limit food speculation. However, many other aspects of the Directive remain highly criticised, such as the designation of member states as the competent bodies to set these limits, despite the threat of downward competition. It is also uncertain what the impact of these agreements will be if the TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) is approved. If this happens, it may involve a weakening of trade and investment regulations as well as a lifting of obstacles to food speculation by the financial sector.

These abandoned silos therefore tell us interesting stories about the shifting culture of agriculture over time and its increasing entanglement in the investment and speculation practices of international actors and markets.

De la red de silos y graneros a la especulación alimentaria

En los últimos meses, hemos pasado muchas horas recorriendo campos y pueblos de las zonas productoras de cereales en Cataluña y Aragón. En nuestros viajes hemos encontrado numerosos silos y graneros en desuso, ya abandonados. Inmensos y situados tanto en cooperativas de productores como enmedio de los pueblos, llaman la atención porque frecuentemente son los edificios más altos de la zona, a menudo poblados con numeros nidos de cigüeñas.

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En el Estado español existe el Grupo de Investigación Silos y Graneros, dedicado al estudio de los silos y graneros como patrimonio histórico rural, y a la promoción de su rehabilitación como oportunidad para revitalizar la economía de zonas rurales, dándoles nuevos usos: desde el almacenamiento de otros bienes pasando por equipamientos públicos, viveros de empresas, museos, etc…

La red de silos y graneros fué creada con el objetivo de almacenar las cosechas de grano para asegurar el abastecimiento de la población y a paliar la irregularidad de los mercados, garantizando el precio a los agricultores. Se construyeron en todo el país 663 silos y 275 graneros desde el año 1945 hasta el 1986, con la intención de que los agricultores tuvieran que desplazarse poco y al mismo tiempo, los silos y graneros estuvieran cerca de las fábricas harineras. En un principio guardaban únicamente trigo aunque después también se usaron para otros cereales y legumbres. Con la idea de que el régimen controlara la producción y el consumo, se estableció entonces un monopolio que tomaría la forma de Red Nacional de Silos y Graneros, que además gestionaba la reserva de almacenamiento nacional. La llegada de la CEE marcó el inicio del abandono de la actividad de almacenamiento y el traspaso a manos de las comunidades autónomas.

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En el otro extremo, la situación en la que nos encontramos hoy es el casi total desmantelamiento de los graneros o silos públicos (en la actualidad quedan 142 silos y graneros en uso) y su sustitución por silos y graneros establecidos por empresas multinacionales que operan en el mercado internacional de commodities. Por lo tanto, tal y como nos contaba uno de los entrevistados del proyecto hace unos meses, no sólo se ha privatizado el cereal, el stock, sino también el control de la información de cuánto grano hay. Esto ha catalizado los procesos de especulación, hoy en manos de un oligopolio de empresas relacionadas con los fondos de inversión y que, según el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, se encuentran detrás de la burbuja especulativa que dió lugar a las devastadoras crisis alimentarias de los años 2007/2008 y 2010/2011. Como resultado, en el período entre 2002 y 2013 los precios agrícolas internacionales se doblaron.

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Si bién es cierto que la volatilidad de precios responde a una multidud de factores complejos como el incremento de la demanda de recursos en las llamadas economías emergentes o las situaciones climáticas (tanto a corto término como al cambio climático), el hecho de que precios de la energía y de los productos agrícolas sean interdependientes entre ellos y la difusión de los agrocombustibles ha hecho que numerosos fondos de inversión hayan encontrado un filón para especular, abandonando progresivamente el sector inmobiliario hacia el mercado de alimentos.

Como respuesta a esta situación, el Parlamento Europeo acordó en 2014 reformar la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), que regula los servicios financieros en los mercados de la Unión Europea. Los acuerdos contemplan límites en la especulación con materias primas por parte de los inversores y la aplicación de sanciones, aspectos que fueron valorados como una victoria por parte de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que hace años que reclaman que se ponga coto a la especulación alimentaria. Sin embargo, muchos de los otros aspectos siguen siendo fuertemente criticados, como el hecho de que sean finalmente los estados quienes establezcan estos límites y no una normativa europea común, con el riesgo de que haya una regulación nacional «a la baja». Tampoco queda claro qué pasará en el futuro con estos acuerdos, si finalmente se llegara a aprobar el TTIP (Tratado de Libre Comercio e Inversiones), el cuál involucraría el debilitamiento de las regulaciones y los obstáculos a la excesiva especulación por parte del sector financiero.

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Divide y vencerás: Reflexiones sobre la nueva Directiva Europea sobre OMGs

Photo author: lewishamdreamer - CC license

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La semana pasada saltó a los medios de comunicación la noticia de que Escocia está a punto de prohibir los Organismos Modificados Genéticamente (OMGs). Esta prohibición, si acaba materializándose, sería la primera que se realiza después de la entrada en vigor de la nueva legislación europea en materia de transgénicos, el pasado mes de Abril de 2015. Hemos considerado oportuno hacer un repaso de los principales cambios legislativos y algunas reflexiones y apuntes generales sobre las implicaciones que podría tener la nueva directiva.

Los antecedentes del cambio legislativo nos remontan a una situación institucional Europea en la que se reflejaba una dilatada controversia social que estas biotecnologías generan. Durante muchos años, los Estados Miembro han mantenido opiniones antagónicas sobre el cultivo de los OMGs en sus territorios nacionales. Por ejemplo Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Alemania y Francia han utilizado todos una cláusula existente en la legislación anterior para implementar prohibiciones nacionales sobre el cultivo y la comercialización de los OMGs (aunque Alemania autorizó la comercialización de una patata transgénica para usos industriales que fue retirada poco después). A su vez, países como el Estado español (el país con más hectáreas cultivadas de OMGs en Europa, con diferencia), República Checa, Eslovaquia, Portugal, Rumanía y Polonia han apostado por el uso de estas biotecnologías y en sus territorios se cultivan y se comercializan estos cultivos. Ante el intenso debate y la polarización de los Estados Miembros, el cambio de legislación vino motivado para dar salida, de alguna forma, al atolladero legal en que se encontraba el conjunto de países de la UE, en el que las aprobaciones de transgénicos a nivel Europeo eran continuamente cuestionadas y no contaban con el apoyo de algunos de los Estados Miembros.

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A continuación destacamos los principales aspectos de la nueva directiva y los cambios que ha conllevado:

  • Hay que puntualizar que la nueva legislación sólo afecta al cultivo de OMGs, no a su importación o a sus movimientos dentro de la Unión Europea, aunque ya hay un borrador de una directiva europea sobre importaciones paralela a la de cultivo en circulación. Esto significa que la nueva Directiva tampoco afecta a los campos experimentales o a utilización confinada de OMGs.
  • La nueva directiva permite a los estados prohibir o, mejor dicho, restringir lo que denominan un ‘evento’ (es decir, la modificación genética concreta para la que se busca la aprobación) amparándose, entre otros aspectos, en criterios socio-económicos para proteger los productos no-OMG (e.g porque chocan con sus objetivos en materia de política agraria o ambiental, etc…). Es importante destacar que, bajo la anterior legislación, no era posible utilizar este tipo de criterios para justificar una prohibición.
  • La directiva establece un procedimiento con dos pasos: en un primer momento, un estado puede solicitar ante la Comisión ser excluido del ámbito de aplicación de la autorización. En caso de que el solicitante de los permisos para la venta de la modificación o ‘evento’ (por ejemplo, una empresa de biotecnología) no lo acepte, el estado en cuestión deberá justificar su solicitud de ser excluido basándose en los motivos descritos anteriormente siempre y cuando sea de forma “razonada, proporcional y no discriminatoria”.
  • El Parlamento Europeo veía la nueva directiva como una oportunidad para establecer medidas de coexistencia obligatorias (entre cultivos transgénicos y no transgénicos) para los países adoptantes de OMGs. Sin embargo, esta propuesta fue finalmente desestimada y la directiva sólo menciona vagamente que se deberán establecer ciertas medidas de coexistencia – no se establecen cuáles – en las áreas fronterizas entre un país dónde esté autorizado el cultivo y el país o entre países vecinos en donde su cultivo esté restringido o prohibido.
  • Este procedimiento sólo puede iniciarse una vez el ‘evento’ ha sido evaluado positivamente siguiendo la evaluación de riesgo habitual en la UE que es estrictamente restringida a aspectos cuantificables del ‘riesgo’ y que es la única evaluación considerada como propiamente “científica”. Como esta aproximación excluye e ignora todo lo relativo a las dimensiones sociales, políticas y éticas de los cultivos transgénicos, éstas son consideradas como “otros aspectos a tener en cuenta”, pero quedan, en realidad, al margen de la evaluación formal a nivel europeo.

La principal implicación de este cambio legislativo es que mientras que hay países que se acogerán a la prohibición, todo apunta a que seguramente se acelerarán los procesos de adopción en otros, como el Estado español, polarizando aún más el mapa de cultivo de OMGs en Europa, particularizando y dividiendo la toma de decisiones sobre la implantación de los cultivos OMGs en Europa y debilitando así cualquier iniciativa colectiva de afrontar políticamente, más allá del ámbito de los estados-nación, una de las grandes controversias tecnocientíficas de este siglo.

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Además, el marco legal que establece la directiva es poco robusto, y quedan muchas incógnitas en relación a las implicaciones prácticas de su implementación: ¿Podrán las empresas biotecnológicas demandar a un Estado Miembro (o a una región concreta, como en el caso de Escocia) que quiera prohibir el cultivo de un evento MG, por ejemplo, con el beneplácito de la OMC? ¿Podrá una región hacer frente a una demanda judicial por parte de una empresa biotecnológica si persiste en su voluntad de prohibición? ¿Qué papel podrían jugar los tribunales de arbitraje que se están negociando en el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido en inglés como TTIP, cuando no exista acuerdo entre el país o la región que quiera restringir o prohibir un OMGs y la empresa que solicita su autorización?

Finalmente, tampoco queda claro qué justificaciones -y qué tipos de conocimiento y evidencias- serán consideradas como relevantes, válidas y suficientes para respaldar una prohibición cuando existen tan pocos datos empíricos sobre las consecuencias sociales y económicas de los OMGs, especialmente en los países del llamado Norte Global. En este sentido, una vez más, nos parece conveniente resaltar la importancia de lo que el proyecto Agri/Cultures trata de hacer, es decir, de generar y visualizar conocimiento empírico útil y relevante socialmente, que permita la evaluación de aspectos socio-económicos y éticos de los OMGs con el objetivo de avanzar hacia una toma de decisiones más robusta, más inclusiva, más responsable, más holística, más democrática y sobretodo que incorpore las preocupaciones socio-ecológicas manifestadas por amplios sectores de las sociedad.