De la red de silos y graneros a la especulación alimentaria

En los últimos meses, hemos pasado muchas horas recorriendo campos y pueblos de las zonas productoras de cereales en Cataluña y Aragón. En nuestros viajes hemos encontrado numerosos silos y graneros en desuso, ya abandonados. Inmensos y situados tanto en cooperativas de productores como enmedio de los pueblos, llaman la atención porque frecuentemente son los edificios más altos de la zona, a menudo poblados con numeros nidos de cigüeñas.

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En el Estado español existe el Grupo de Investigación Silos y Graneros, dedicado al estudio de los silos y graneros como patrimonio histórico rural, y a la promoción de su rehabilitación como oportunidad para revitalizar la economía de zonas rurales, dándoles nuevos usos: desde el almacenamiento de otros bienes pasando por equipamientos públicos, viveros de empresas, museos, etc…

La red de silos y graneros fué creada con el objetivo de almacenar las cosechas de grano para asegurar el abastecimiento de la población y a paliar la irregularidad de los mercados, garantizando el precio a los agricultores. Se construyeron en todo el país 663 silos y 275 graneros desde el año 1945 hasta el 1986, con la intención de que los agricultores tuvieran que desplazarse poco y al mismo tiempo, los silos y graneros estuvieran cerca de las fábricas harineras. En un principio guardaban únicamente trigo aunque después también se usaron para otros cereales y legumbres. Con la idea de que el régimen controlara la producción y el consumo, se estableció entonces un monopolio que tomaría la forma de Red Nacional de Silos y Graneros, que además gestionaba la reserva de almacenamiento nacional. La llegada de la CEE marcó el inicio del abandono de la actividad de almacenamiento y el traspaso a manos de las comunidades autónomas.

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En el otro extremo, la situación en la que nos encontramos hoy es el casi total desmantelamiento de los graneros o silos públicos (en la actualidad quedan 142 silos y graneros en uso) y su sustitución por silos y graneros establecidos por empresas multinacionales que operan en el mercado internacional de commodities. Por lo tanto, tal y como nos contaba uno de los entrevistados del proyecto hace unos meses, no sólo se ha privatizado el cereal, el stock, sino también el control de la información de cuánto grano hay. Esto ha catalizado los procesos de especulación, hoy en manos de un oligopolio de empresas relacionadas con los fondos de inversión y que, según el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, se encuentran detrás de la burbuja especulativa que dió lugar a las devastadoras crisis alimentarias de los años 2007/2008 y 2010/2011. Como resultado, en el período entre 2002 y 2013 los precios agrícolas internacionales se doblaron.

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Si bién es cierto que la volatilidad de precios responde a una multidud de factores complejos como el incremento de la demanda de recursos en las llamadas economías emergentes o las situaciones climáticas (tanto a corto término como al cambio climático), el hecho de que precios de la energía y de los productos agrícolas sean interdependientes entre ellos y la difusión de los agrocombustibles ha hecho que numerosos fondos de inversión hayan encontrado un filón para especular, abandonando progresivamente el sector inmobiliario hacia el mercado de alimentos.

Como respuesta a esta situación, el Parlamento Europeo acordó en 2014 reformar la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), que regula los servicios financieros en los mercados de la Unión Europea. Los acuerdos contemplan límites en la especulación con materias primas por parte de los inversores y la aplicación de sanciones, aspectos que fueron valorados como una victoria por parte de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que hace años que reclaman que se ponga coto a la especulación alimentaria. Sin embargo, muchos de los otros aspectos siguen siendo fuertemente criticados, como el hecho de que sean finalmente los estados quienes establezcan estos límites y no una normativa europea común, con el riesgo de que haya una regulación nacional «a la baja». Tampoco queda claro qué pasará en el futuro con estos acuerdos, si finalmente se llegara a aprobar el TTIP (Tratado de Libre Comercio e Inversiones), el cuál involucraría el debilitamiento de las regulaciones y los obstáculos a la excesiva especulación por parte del sector financiero.

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