Divide y vencerás: Reflexiones sobre la nueva Directiva Europea sobre OMGs

Photo author: lewishamdreamer - CC license

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La semana pasada saltó a los medios de comunicación la noticia de que Escocia está a punto de prohibir los Organismos Modificados Genéticamente (OMGs). Esta prohibición, si acaba materializándose, sería la primera que se realiza después de la entrada en vigor de la nueva legislación europea en materia de transgénicos, el pasado mes de Abril de 2015. Hemos considerado oportuno hacer un repaso de los principales cambios legislativos y algunas reflexiones y apuntes generales sobre las implicaciones que podría tener la nueva directiva.

Los antecedentes del cambio legislativo nos remontan a una situación institucional Europea en la que se reflejaba una dilatada controversia social que estas biotecnologías generan. Durante muchos años, los Estados Miembro han mantenido opiniones antagónicas sobre el cultivo de los OMGs en sus territorios nacionales. Por ejemplo Austria, Hungría, Grecia, Luxemburgo, Alemania y Francia han utilizado todos una cláusula existente en la legislación anterior para implementar prohibiciones nacionales sobre el cultivo y la comercialización de los OMGs (aunque Alemania autorizó la comercialización de una patata transgénica para usos industriales que fue retirada poco después). A su vez, países como el Estado español (el país con más hectáreas cultivadas de OMGs en Europa, con diferencia), República Checa, Eslovaquia, Portugal, Rumanía y Polonia han apostado por el uso de estas biotecnologías y en sus territorios se cultivan y se comercializan estos cultivos. Ante el intenso debate y la polarización de los Estados Miembros, el cambio de legislación vino motivado para dar salida, de alguna forma, al atolladero legal en que se encontraba el conjunto de países de la UE, en el que las aprobaciones de transgénicos a nivel Europeo eran continuamente cuestionadas y no contaban con el apoyo de algunos de los Estados Miembros.

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A continuación destacamos los principales aspectos de la nueva directiva y los cambios que ha conllevado:

  • Hay que puntualizar que la nueva legislación sólo afecta al cultivo de OMGs, no a su importación o a sus movimientos dentro de la Unión Europea, aunque ya hay un borrador de una directiva europea sobre importaciones paralela a la de cultivo en circulación. Esto significa que la nueva Directiva tampoco afecta a los campos experimentales o a utilización confinada de OMGs.
  • La nueva directiva permite a los estados prohibir o, mejor dicho, restringir lo que denominan un ‘evento’ (es decir, la modificación genética concreta para la que se busca la aprobación) amparándose, entre otros aspectos, en criterios socio-económicos para proteger los productos no-OMG (e.g porque chocan con sus objetivos en materia de política agraria o ambiental, etc…). Es importante destacar que, bajo la anterior legislación, no era posible utilizar este tipo de criterios para justificar una prohibición.
  • La directiva establece un procedimiento con dos pasos: en un primer momento, un estado puede solicitar ante la Comisión ser excluido del ámbito de aplicación de la autorización. En caso de que el solicitante de los permisos para la venta de la modificación o ‘evento’ (por ejemplo, una empresa de biotecnología) no lo acepte, el estado en cuestión deberá justificar su solicitud de ser excluido basándose en los motivos descritos anteriormente siempre y cuando sea de forma “razonada, proporcional y no discriminatoria”.
  • El Parlamento Europeo veía la nueva directiva como una oportunidad para establecer medidas de coexistencia obligatorias (entre cultivos transgénicos y no transgénicos) para los países adoptantes de OMGs. Sin embargo, esta propuesta fue finalmente desestimada y la directiva sólo menciona vagamente que se deberán establecer ciertas medidas de coexistencia – no se establecen cuáles – en las áreas fronterizas entre un país dónde esté autorizado el cultivo y el país o entre países vecinos en donde su cultivo esté restringido o prohibido.
  • Este procedimiento sólo puede iniciarse una vez el ‘evento’ ha sido evaluado positivamente siguiendo la evaluación de riesgo habitual en la UE que es estrictamente restringida a aspectos cuantificables del ‘riesgo’ y que es la única evaluación considerada como propiamente “científica”. Como esta aproximación excluye e ignora todo lo relativo a las dimensiones sociales, políticas y éticas de los cultivos transgénicos, éstas son consideradas como “otros aspectos a tener en cuenta”, pero quedan, en realidad, al margen de la evaluación formal a nivel europeo.

La principal implicación de este cambio legislativo es que mientras que hay países que se acogerán a la prohibición, todo apunta a que seguramente se acelerarán los procesos de adopción en otros, como el Estado español, polarizando aún más el mapa de cultivo de OMGs en Europa, particularizando y dividiendo la toma de decisiones sobre la implantación de los cultivos OMGs en Europa y debilitando así cualquier iniciativa colectiva de afrontar políticamente, más allá del ámbito de los estados-nación, una de las grandes controversias tecnocientíficas de este siglo.

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Además, el marco legal que establece la directiva es poco robusto, y quedan muchas incógnitas en relación a las implicaciones prácticas de su implementación: ¿Podrán las empresas biotecnológicas demandar a un Estado Miembro (o a una región concreta, como en el caso de Escocia) que quiera prohibir el cultivo de un evento MG, por ejemplo, con el beneplácito de la OMC? ¿Podrá una región hacer frente a una demanda judicial por parte de una empresa biotecnológica si persiste en su voluntad de prohibición? ¿Qué papel podrían jugar los tribunales de arbitraje que se están negociando en el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión, conocido en inglés como TTIP, cuando no exista acuerdo entre el país o la región que quiera restringir o prohibir un OMGs y la empresa que solicita su autorización?

Finalmente, tampoco queda claro qué justificaciones -y qué tipos de conocimiento y evidencias- serán consideradas como relevantes, válidas y suficientes para respaldar una prohibición cuando existen tan pocos datos empíricos sobre las consecuencias sociales y económicas de los OMGs, especialmente en los países del llamado Norte Global. En este sentido, una vez más, nos parece conveniente resaltar la importancia de lo que el proyecto Agri/Cultures trata de hacer, es decir, de generar y visualizar conocimiento empírico útil y relevante socialmente, que permita la evaluación de aspectos socio-económicos y éticos de los OMGs con el objetivo de avanzar hacia una toma de decisiones más robusta, más inclusiva, más responsable, más holística, más democrática y sobretodo que incorpore las preocupaciones socio-ecológicas manifestadas por amplios sectores de las sociedad.

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